La paradoja de la industria minera en nuestro país es que, pese a ser la actividad económica más importante y la que más ha contribuido al bienestar de sus habitantes, la percepción que una parte importante de la sociedad civil tiene acerca de sus beneficios no es positiva ni proporcional a esos logros. A menudo, las comunidades aledañas a las faenas mineras sienten o perciben que, pese a que estas les generan beneficios económicos, tales beneficios no son proporcionales a sus esfuerzos, que no se les compensa o reconoce adecuadamente por ellos ni que son debidamente consultados al respecto.

A nuestro juicio, esta insatisfacción se explica, en parte por la aspiración de tener mayores beneficios económicos que el resto del país como «compensación» por vivir cerca de dichas faenas; pero en mayor medida, por la escasa participación que se les ha asignado en las decisiones locales, lo cual no había sido captado apropiadamente por el sector público ni el privado. Así, pese a que el crecimiento de las regiones mineras ha estado acompañado por un aumento de la inversión pública en términos absolutos y en términos per cápita, este ha sido menor que aquella destinada a regiones no mineras, como la Metropolitana y la del Biobío.

Asimismo, pese a que las empresas de la gran minería han destinado cifras cada vez mayores para sus programas asociados a responsabilidad social empresarial o corporativa, las comunidades siguen creyendo que, tanto su aporte económico a la comunidad como las medidas efectivas para fortalecer los clusters locales, siguen siendo insuficientes.

En el último tiempo, sin embargo, ambos sectores están reaccionando frente a esas carencias, adoptando medidas que van en el sentido correcto.

Así, por ejemplo, durante estos últimos dos años, el Ministerio de Minería ha llevado adelante la iniciativa de establecer una Política Nacional de Minería, consultando a un transversal grupo de asesores, incluyendo actores regionales. Esa iniciativa busca mejorar el conocimiento de las comunidades locales y de la población en general, acerca de los impactos y beneficios de la actividad minera, para que puedan valorarla en su justa medida y participar en la toma decisiones respecto de su desarrollo. También, la creación del Instituto de Tecnologías Limpias -con sede en la ciudad de Antofagasta- es una iniciativa que recoge correctamente esa necesidad regional.

Por su parte, la empresa privada ha implementado políticas de relacionamiento con las comunidades locales, como la suscripción de acuerdos de «producción limpia» y la entrega en arrendamiento de pertenencias mineras a pequeños mineros de la región.

Otra buena oportunidad se está dando con el proyecto de ley que crea un nuevo royalty a la actividad minera, el cual puede y debe ser mejorado, de manera tal que, en lugar del royalty ad valorem propuesto -nefasto para la competitividad minera nacional- pueda establecerse un sistema de recaudación a través del royalty sobre el «margen operacional», aumentando las tasas sobre la utilidad cuando los márgenes estén más altos. Asimismo, se podría incluir un mecanismo, respetuoso del mandato constitucional, que privilegie una mayor decisión y destinación regional respecto de lo que se recaude por este eventual nuevo tributo.

Medidas como esas permitirán obtener la muy añorada «licencia social» que busca y merece tener la minería, como motor de la actividad económica nacional.