Pocos saben que en las ciudades Antofagasta y Calama hay ciudadanos que no tienen acceso a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, lamentablemente. Esa situación se produce porque la ley sanitaria actual no obliga a las empresas a las que el Estado ha entregado el monopolio de los servicios de agua potable y alcantarillado, a cubrir con esos servicios toda el área urbana de las ciudades comprendidas dentro de dicha concesión; sino sólo a aquella parte que está comprendida dentro de su respectivo «territorio operacional», el cual es propuesto por las propias empresas según su conveniencia. En la ciudad de Antofagasta, cerca del 40% de la superficie urbana está fuera del área de concesión de la empresa Aguas de Antofagasta. Si a eso se agrega el barrio industrial de La Negra (que es también zona urbana), sube al 80%. En el caso de Calama, casi el 50% de la superficie urbana está fuera del área de concesión de esa misma empresa.

Ello representa una grave discriminación por parte de las autoridades, pues la negativa de servicio en esas áreas produce que aquellos que vivan en las áreas urbanas que no están dentro del «territorio operacional» de la empresa sanitaria, sean verdaderos «»ciudadanos de segunda categoría». Esto, pues se les niega un Derecho Humano que nuestra Corte Suprema les ha reconocido incluso a los habitantes de zonas rurales: el derecho humano al agua potable.

Es evidente que las personas que decidieron vivir en una ciudad, confiando con que en ellas obtendrían los mismos derechos que la ley le reconoce a todos los habitantes de esa ciudad, tienen también el derecho a obtener agua potable y alcantarillado para sus respectivas viviendas.

Lo más preocupante de esto es que la solución técnica a ese problema existe y podría haberse implementado hace años para reducir la brecha antes señalada: la producción de agua potable mediante la desalación de agua de mar. Sin embargo, durante más de 30 años el Estado no ha sido capaz de solucionar completamente ese problema, y por el contrario ha permitido que la sanitaria local destine un volumen importante del agua potable que debiera ser dirigido al consumo humano en esos sectores urbanos, a fines industriales en el sector no regulado, esto es, fuera de las áreas urbanas.

Ante el desinterés de la empresa sanitaria local para atender a esos sectores urbanos, el Estado debió permitir que otros actores privados pudieran desarrollar esa actividad o, incluso, asumir el propio Estado esa falta de servicio, aplicando el principio de subsidiariedad en materia económica. Sin embargo, no lo ha hecho así.

Actualmente existe una empresa interesada en cubrir esas áreas no comprendidas dentro del «territorio operacional» de Aguas de Antofagasta, tanto para Antofagasta como Calama; la que, pese a haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para ello, ha sufrido el retraso por más de tres años en el otorgamiento de la concesión respectiva por parte del gobierno central, sin existir causa aparente alguna para ello.

Mientras las autoridades centrales siguen pensando sobre el asunto, los miles de «ciudadanos de segunda categoría» de las ciudades de Antofagasta y Calama seguirán sin tener acceso a agua potable y alcantarillado en sus respectivas viviendas.

Publicado en El Mercurio Antofagasta y El Mercurio Calama. 28/10/2021.