Carlos Claussen
Abogado UC, se tituló en 1987 y llegó a Antofagasta en 1989. Luego hizo un magíster en Derecho de Minería, que dictaron la U. de Chile y la U. de Atacama. Se dedica a materias de minería, civiles y comerciales.

José Monrroy
38 años, nacido en Calama, estudió en la Universidad Católica del Norte. Lleva nueve años en Antofagasta dedicado a todo tipo de materias, pero esencialmente temas laborales, mineros y contencioso administrativos (reclamos, multas, permisos, sumarios sanitarios). Trabaja en la oficina de Carlos Marín.

Cristián Estrada
Es profesor de Seminario de Derecho Comercial y de Práctica Forense en la U. Católica del Norte. Tiene 43 años y es abogado de la U. de Chile. Se dedica a atender el ciclo de negocios de las pymes en la industria minera.

Ocre y azul son los colores que reciben al visitante al llegar a Antofagasta por la mañana. El camino entre el aeropuerto y el centro de la ciudad serpentea entre la costa y la montaña; y esto de que somos una “larga y angosta faja de tierra” realmente se vive.

Rodeada por el desierto, es calificada, sin embargo, de ciudad muy rica. Ejemplo: un aprendiz de perforaciones mineras, con cuarto medio, después de un año ya gana un millón de pesos al mes. Otro ejemplo: la inmigración de países del cono sur se palpa en las calles, fenómeno que se viene dando desde hace unos seis años. ¿Otro más? Uno de los entrevistados menciona a las pymes como empresas que facturan cientos o miles de millones de pesos. Y si bien se ajusta a la descripción de mediana empresa, no deja de sorprender.

Dividida en tres provincias y nueve comunas, según la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la zona completa tiene algo menos de 500 mil habitantes y mientras en la Región Metropolitana la densidad habitacional es de 393 habitantes por kilómetro cuadrado, en la II región esa razón se reduce a 3,9.

Es en ese escenario —distinto al que impera en otras regiones y, por cierto, en Santiago— que la práctica jurídica toma características propias. Y conversamos con abogados de tres oficinas: la de Carlos Claussen, la de Carlos Marín y la de Cristián Estrada; las dos primeras, por ser las que atienden grandes empresas mineras; la última, por su enfoque. Todas tienen cinco o más abogados, se dedican a atender clientes relacionados con la principal actividad de este país, e interactúan con o tienen oficinas en Santiago.

La asesoría minera

— ¿Por qué tan pocos abogados dedicados al derecho de Minería? “Es la paradoja —dice Carlos Claussen, uno de los abogados más conocidos de la zona— hay muy pocos especialistas porque es una disciplina difícil. Hay que saber de la industria minera y el abogado medio no conoce la minería; no sabe de los activos y pasivos ambientales, ni las maneras de mitigar esos pasivos. Sólo se escucha la parte ecologista, pero no hay mayor conocimiento”.

Cristián Estrada, quien junto a un equipo de cuatro abogadas, atiende a pequeñas y medianas empresas, da una mirada comprensiva del panorama jurídico de la región. “Aquí están las 10 empresas de cobre más importantes del mundo”, dice. “Eso genera la existencia de tres niveles paralelos: las grandes compañías con departamentos legales propios en Santiago y Antofagasta, con profesionales de muy buen nivel y que trabajan con un estándar internacional, que viven aquí y que funcionan muy bien”.

Después, explica, estarían las agencias locales de compañías de Santiago o internacionales, que no tienen departamento jurídico propio local, pero sí un servicio propio jurídico en la capital. “Les cuesta mucho, porque tratan de replicar modelos de Santiago en Antofagasta, sea que viajen o contraten un abogado local para ciertos temas”, afirma.

Y luego vendría una gran cantidad de empresas que prestan servicios a la industria de la minería. “Casi ninguna tiene departamento jurídico propio o servicios externos. Funcionan con un abogado amigo que les ve ciertos temas muy específicos y ahí el servicio jurídico no es considerado parte de su operación, no es un costo asumido. Son personas o empresas que empezaron con una pequeña facturación, pero que ahora facturan cientos de millones. Y no se adaptan”, opina.

Estas empresas contratistas o subcontratistas tendrían importantes falencias jurídicas, tributarias y de controles internos, aunque sí serían muy preocupados de la seguridad, de la atención al cliente y de adaptarse a las exigencias de la minería, que impone altos estándares de trabajo.

Apelaciones en dos meses

Para José Monrroy, miembro de la oficina de Carlos Marín —quien fundó el estudio hace 40 años y a quien Monrroy no duda en calificar como “el mejor abogado de Antofagasta”—, en general, los tribunales laborales, civiles y de garantía funcionan bien. “Igual hay factores que inciden, como el volumen, aclara; hay empresas muy grandes y si hay un proceso de desvinculaciones el tribunal puede que colapse por ese hecho específico, pero mi evaluación es positiva.

«En materia laboral hay tres jueces y son muy buenos. El sistema funciona bien”, dice. En materia civil su visión es similar: “El sistema antiguo con expedientes cambió hace seis o siete meses a expedientes electrónicos y los tribunales se demoraron nada en la transición. Fue muy poco traumático y un gran mérito”, añade.

Con respecto al funcionamiento de la Corte de Apelaciones, cuenta que para la reforma laboral los ministros formaron una tercera sala extraordinaria para ver las causas del sistema que se extinguía y así poder terminarlas: “Funcionó por un tiempo y descomprimió el sistema antiguo, que prácticamente no existe”.

Claussen aporta un punto de vista interesante y califica de “privilegio” ejercer en regiones. “Yo ejerzo en distintas cortes del país y en Santiago es prácticamente denegación de justicia. Apelar un incidente puede tardar meses o años. En regiones sigue siendo muy fácil llevar un juicio adelante con diligencia por parte de los abogados. Las apelaciones de una sentencia definitiva pueden tomar entre un mes y medio y dos meses. En Santiago son dos o tres años”, sostiene.

Además, agrega, “acá es una corte especializada en Derecho Minero, lo que es un agrado”.

La carrera de Derecho

Siete son las escuelas de Derecho en Antofagasta — U Católica del Norte (UCN), U. de Antofagasta, U. Central (que está cerrando la sede), U. Santo Tomás, U. La República, U. Pedro de Valdivia y U. del Mar— y para Monrroy la ciudad está sobrepoblada de abogados, aunque las reformas habrían ido aplanando este exceso. Pero, además, dice, los abogados paulatinamente han ido tomando otras funciones. “Es habitual ver que están ejerciendo como jefes de Recursos Humanos, fiscalizadores de la Inspección del Trabajo o funcionarios de propiedad minera”, dice.

Por su parte, Carlos Claussen cuenta que fue director de Derecho por cinco años en una universidad privada de la zona e intentó modificar la malla curricular, que era única para todo el país, haciendo énfasis en Derecho Minero. “En esta ciudad minera de este país minero debería haber tenido más importancia, pero no se autorizó porque la malla debía ser la misma en cualquier parte del país”, dice.

Cristián Estrada es profesor de la UCN e imparte un seminario de Derecho Comercial y de Práctica Forense. “La UCN y la U. de Antofagasta están sacando muy buenas generaciones”, asegura. Para él, el problema está en que tienen un muy bajo nivel de capacitaciones cortas para profesionales. Él envía a su gente a capacitarse a Santiago.

Mineros “pequeños”: aguerridos, pero desorganizados
Cristián Estrada, abogado de empresas pequeñas y medianas que le prestan servicios a grandes compañías mineras, hace un barrido por la situación jurídica del sector que asesora: “Estas empresas nacen y al primer problema importante desparecen. Tenemos un gran número de compañías que nacen, crecen, florecen y mueren”, grafica.

Las grandes compañías son las que imponen estándares y entregan contratos de adhesión, que los pequeños empresarios ni siquiera intentan negociar. Y pone como ejemplo un caso típico: una minera grande licita servicios de mecánica para sus vehículos. Postulan mecánicos. La minera pide mantención para dos mil vehículos y ofrece un contrato a dos años. Entonces el que se adjudica el contrato instala un galpón, equipamiento, herramientas, personal, supervisores, prevencionistas, camionetas nuevas, traslados. El empresario empieza a endeudarse con leasing, pasivos laborales y otros, pero no se fija en que ha firmado un contrato que tiene una cláusula en que la minera puede ponerle término en cualquier momento.

¿El final? Sin palabras.

Según su experiencia, las pymes que sí han perdurado lo han hecho por una gran capacidad de adaptación de sus dueños, combinada con visión de futuro. Han implementado procesos de trabajo y generado estructuras estables. “Son compañías que son capaces de rechazar contratos porque se dan cuenta de que son nefastos”, afirma.

Aunque la posibilidad de ganar mucho es muy potente. “Si tú se lo adviertes previamente, la gente es aguerrida y se lanza igual”, dice. Y por eso, según él, no se puede prestar un servicio jurídico en los mismos términos que en Santiago. “Corren riesgos súper fuertes todos los días y el que subsiste es el que se maneja más hábil. Si bien es cierto que los contratos son estándares, al ir negociando se pueden prever conflictos y disminuir riesgos”, concluye.